El fraude en la contratación pública consiste en prácticas engañosas durante la adquisición de bienes o servicios por parte de organismos públicos, lo que da lugar a costes inflados o resultados inferiores a los esperados.
Los principales infractores son los vendedores, contratistas y subcontratistas que se presentan a licitaciones públicas. Por ejemplo, un contratista puede presentar ofertas falsas o cobrar de más por los servicios prestados.
Las infracciones principales incluyen:
Para denunciar eficazmente un fraude público en el marco de los programas de protección de los denunciantes, es fundamental consultar a un bufete de abogados whistleblower especializados en este tipo de casos. Los abogados de denunciantes pueden guiarle a través del proceso de presentación de una denuncia en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas, garantizando que su presentación sea exhaustiva y cumpla los requisitos legales. Un abogado whistleblower especializado en denuncias también le ayuda a proteger sus derechos, ofreciéndole confidencialidad y protegiéndole de represalias. Al trabajar con expertos jurídicos, maximiza sus posibilidades de éxito en la reclamación y la posible recompensa económica, al tiempo que contribuye a que los actores fraudulentos rindan cuentas.
Infórmese aquí sobre los programas y leyes que regulan el fraude a la Administración
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