El fraude sanitario mina la confianza en los sistemas médicos, infla los costes y pone en peligro el sistema de salud pública. Incluye prácticas engañosas que defraudan a programas gubernamentales como Medicare y Medicaid o a aseguradoras privadas. Actividades fraudulentas como la facturación de servicios no prestados, las comisiones ilegales o los diagnósticos falsos cuestan miles de millones al año. Denunciar el fraude en el marco de los programas de denuncia de irregularidades sanitarias protege los recursos públicos y garantiza prácticas éticas en todos los sistemas sanitarios.
El fraude a Medicare y Medicaid consiste en prácticas engañosas contra los programas sanitarios públicos. Estos fraudes se aprovechan de los recursos y fondos públicos destinados a la atención de los pacientes, y también pueden incluir reclamaciones falsas y sobrefacturación.
Entre los infractores habituales figuran hospitales, clínicas, residencias de ancianos, proveedores de equipos médicos y farmacias. Por ejemplo, una clínica puede facturar servicios no prestados, o una farmacia puede presentar reclamaciones por medicamentos no prescritos.
Algunos ejemplos son:
La denuncia de estas actividades fraudulentas garantiza la ética de las prácticas sanitarias, la rendición de cuentas y la protección de los fondos públicos destinados a la sanidad. Trabajar con un bufete de abogados whistleblower protege su confidencialidad, maximiza las protecciones legales y mejora la solidez del caso al sortear procedimientos complejos. Un abogado experto en denuncias puede guiar a los denunciantes del sector sanitario a lo largo del proceso de denuncia y presentar el caso con eficacia.
Infórmese aquí sobre los programas gubernamentales y las leyes que regulan el fraude sanitario
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